Dr. Augusto Pérez Lindo

Profesor del Doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior, UNTREF; del Doctorado en Educación Superior de la Universidad de Palermo y de la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata

 

 

 

Knowledge economy, development and the future of universities

 

 

1. Crisis y posibilidades en tres dimensiones

Desde que publicara en 1985 el libro “Universidad, política y sociedad” la evolución de las universidades latinoamericanas estaba rodeada de incertidumbres. Con la recuperación de la democracia en los países donde habían surgido dictaduras militares la situación económica era problemática. Luego, con los nuevos escenarios de la globalización, del boom informático o la caída del Muro de Berlín aparecieron nuevos desafíos. Hubo respuestas liberales, socialdemócratas, populistas, que parecían capaces de marcar una línea de crecimiento. Pero ninguna de esas estrategias tuvo éxito y al comienzo del segundo decenio del siglo XXI nos encontramos con un contexto regional e internacional muy crítico. Los indicadores económicos y sociales más usuales (crecimiento del PBI, pobreza, desocupación, desigualdades) no favorecen a la región.

Este contexto plantea interrogantes sobre la capacidad para aprovechar las posibilidades de crecimiento y también sobre las alternativas para financiar adecuadamente las universidades y centros de investigación. Entonces, deberíamos explorar el capital intelectual de la región para saber si su aplicación podría servir para revertir el estancamiento actual.

Siguiendo el informe Estado de la ciencia. 2020 de la RICYT (RICYT: 2020) encontramos que América Latina tiene una población universitaria con más de 30 millones de estudiantes distribuídos en unas 12.000 instituciones desde México a Tierra del Fuego. El número de investigadores es cercano a 500.000. Estos recursos humanos parecen importantes y lo son. Es mayor al que poseía China hacia 1978 cuando comienza el boom de su crecimiento.

América Latina está lejos de valorizar su capital intelectual. La inversión promedio en Ciencia y Tecnología no supera el 0,5%. En consecuencia el número de investigadores a escala mundial es bajo: 4,1% (Asia 45,7%, Europa 28,2%, USA 37,6%). Asimismo, podemos observar que el rendimiento de los investigadores es desigual. En América Latina el 16,50% de los investigadores registra títulos de propiedad intelectual, mientras que en Argentina se registra un 9,90%, en Brasil un 21,10%. Evidentemente estamos participando poco en la innovación.

Podríamos agregar que cerca de 200.000 graduados universitarios de América Latina se desempeñan fuera de sus países. Lo que muestra una pérdida de capital intelectual muy importante y el desaprovechamiento de una capacidad tecno-científica.

Así como el Sudeste Asiático demostró que en pocas décadas se podía pasar del subdesarrollo a una sociedad desarrollada, América Latina ha sido un ejemplo de todo lo contrario: en cómo se puede pasar de una expectativa de crecimiento sostenido a situaciones de desequilibrio, desigualdades y retroceso. El caso argentino es el más patético porque en los últimos 50 años desactivó 60.000 km. de su red ferroviaria, paralizó su industria aeronáutica, desactivó su industria naval, cambió cuatro veces de moneda, soportó índices de inflación galopante, incrementó la pobreza del 7% al 40%.

Ahora bien, desde hace cincuenta años diversas organizaciones, como la CEPAL, y autores como Jorge Sábato, Amilcar Herrera, Celso Furtado y muchos otros (MARI: 2018) han sostenido que el futuro de América Latina se encontraba en la revalorización de sus recursos naturales y sociales a partir de una intervención sistemática de la educación, la ciencia y las innovaciones tecnológicas. O sea, el desarrollo por la ciencia.

El discurso sobre la economía del conocimiento ha logrado un espacio público. Pero las clases dirigentes no terminan de entender cómo aprovechar este nuevo contexto. En los anuncios de políticas públicas de la mayoría de los países de América Latina aparece la valorización de la actividad científica, educativa y tecnológica como motores de la nueva economía. De hecho, desde el comienzo del siglo XXI solo dos países formularon “políticas de conocimiento para el desarrollo”: Ecuador y Brasil. En los dos casos sus programas fueron interrumpidos.

En octubre de 2020 en Argentina se sancionó la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento No. 27.506, que tiene como objetivos promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de PYMES, aumentar las exportaciones de las empresas que valorizan el conocimiento.

Esta puede ser una excelente oportunidad para rentabilizar el capital intelectual de las universidades y centros de investigación del país. Y también podría ser un instrumento para generar recursos propios de las universidades, públicas o privadas. Tratemos de explorar las posibilidades que se presentan.

2. ¿Cómo aprovechamos nuestro capital intelectual?

Partiendo de los Indicadores de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y tomando el último anuario disponible de 2018 teníamos en el país 116.922 personas en actividades de investigación y desarrollo, de las cuales 87.898 eran investigadores. 63.721 se ubicaban en universidades públicas y 6.086 en universidades privadas mientras que 21.514 se desempeñaban en el CONICET. universitaria.

La inversión de Argentina en I-D para 2018 llegaba al 0,49% del PBI por debajo de Brasil, Corea, Japón, Estados Unidos, China. En 2018 se registraron 15.127 publicaciones, de las cuales 11.916 eran artículos de revistas especializadas. El número de patentes registradas era de 3.652, de modelos: 190, de Diseños 1607 y de marcas 72.607.

El sistema universitario tuvo 86.955 graduados en las universidades públicas y 45.785 graduados en las universidades privadas. El número de docentes, universitarios y no universitarios, llegaba a 1.473.408, según el Observatorio de Argentina por la Educación. Podemos estimar, además, que en el sistema de educación superior se matriculan cerca de 3 millones de estudiantes, de los cuales unos 900.000 corresponden a la educación superior no universitaria. La tasa bruta de escolarización superior para un país con cerca de 44 millones de habitantes llegaba en 2018 al 78,2%.

Formar e investigar es dar cuenta de una articulación con resultados de largo alcance en las ciencias sociales, en especial, si junto con la formación en herramientas propias para la realización de proyectos de investigación se incorpora una formación que fomente estrategias para potenciar las capacidades de resiliencia, considerada por Caldera, Aceves y Reynoso (2016:228), “como una capacidad humana de tener éxito o sobrellevarse de un modo favorable frente a situaciones adversas o estresantes que pueden ocasionar consecuencias negativas”; esto implicará la posibilidad de potenciar a futuro en los estudiantes los beneficios alcanzados en la formación, a fin de que dispongan de herramientas útiles para enfrentar los aciertos y las posibles futuras adversidades que se les presenten en el campo profesional (Perissé, 2018) y con ello emprender experiencias exitosas y superadora de desafíos

Habría que agregar a este somero inventario de nuestro capital intelectual que cerca de 200.000 argentinos con educación superior se han ido al extranjero. Asimismo, podemos estimar que cerca de 4.000 doctores en distintas disciplinas trabajan en el extranjero. El verdadero inventario del capital intelectual argentino, como en la mayoría de los países de América Latina no se ha realizado.

¿Qué pueden aportar las universidades y los centros científicos al crecimiento del país? Nadie se ha propuesto todavía analizar los efectos económicos de la Educación Superior argentina. (Otro tema vacante) El último intento fue el informe conjunto del CONADE y la OCDE sobre “Educación, recursos humanos y desarrollo en Argentina” (Bs.As., 1968) Allí se destacaba que si bien existen recursos humanos disponibles en muchas áreas el índice de aprovechamiento de los mismos no incidía en el mejoramiento de la productividad ni en el Estado ni en la economía privada.

Pero tenemos un caso que muestra otra perspectiva: la modernización de la explotación agropecuaria a partir de 1970, como efecto de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del surgimiento de estrategias tecnológicas entre los mismos productores. Lo cual permitió duplicar o triplicar los índices de productividad por hectárea. Argentina se convirtió en una economía agropecuaria de vanguardia al punto tal que los países de la Unión Europea, entre otros, consideran que sus rendimientos colocan en desventajas a las producciones locales. En otros rubros, como los cítricos, se produjo el mismo fenómeno: la intervención científico-tecnológica de universidades y centros de investigación argentina hicieron que los productos se volvieran muy competitivos. Estados Unidos interrumpió limitó varios años la compra de cítricos de Argentina por esta razón.

El conjunto de las universidades públicas argentinas realizan cada año centenares de proyectos de investigación – desarrollo que tienen diversos impactos. Una parte de los beneficios ingresa como “productos propios” en los presupuestos. Otra parte se administra en fundaciones creadas por los investigadores o las universidades para operar con flexibilidad fuera de la burocracia estatal. En algunos casos, como el de empresas mineras, la intervención universitaria puede cobrarse en lingotes de oro.

Me ha tocado intervenir en varios procesos de evaluación institucional de universidades nacionales y he podido comprobar que el registro de los “ingresos propios” es motivo de discusión. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, una ordenanza establece que un porcentaje de esos ingresos debe ser derivado a funciones generales de la universidad, pero las facultades durante años se han resistido a cumplir con ese ordenamiento. En otras universidades los contratos con laboratorios, las consultorías o los patentamientos no pasan por registros institucionales. Hubo casos que tuvieron estado público como el de las operaciones oscurasde institutos o programas de investigación en varias universidades nacionales.

Siempre he defendido la “función productiva” las universidades y de los centros de investigación. Me tocó organizar entre 1973-1974 un programa para convertir a cada unidad académica en una “unidad de producción” en la Universidad Nacional del Sur. Esta experiencia demostró que si se moviliza el potencial científico y técnico de las universidades para resolver problemas de la sociedad se pueden lograr varios efectos: 1) mejorar la enseñanza 2) mejorar la investigación 3) resolver problemas 4) crear nuevas oportunidades de desarrollo 5) conseguir nuevas fuentes de financiamiento.

Actualmente existen unas veinte “incubadoras de empresas” en varias universidades, sobre todo nacionales. En algunas universidades, como en la UBA con UbatecS.A, se han creado sociedades anónimas para la comercialización de las producciones (patentes de medicamentos, software informático, materiales médicos, etc.). También el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología han creado mecanismos de transferencia de conocimientos hacia la sociedad, el Estado y las empresas. ¿Qué es lo que está faltando?

3. De la gestión del conocimiento al desarrollo

Existen ideas para multiplicar las posibilidades de desarrollo mediante el uso de los recursos científicos, profesionales y técnicos. Ante todo hay que evitar dos equívocos. El primero, que vamos a generar mayores gastos. La experiencia de varios países (Rusia, China, Japón, Israel y otros) muestra que no hay que confundir la inversión en Investigación y Desarrollo con el gasto público. Se trata de una inversión destinada a obtener mayores recursos. Podríamos decir que por cada dólar invertido hay que apuntar a un beneficio de 3 dólares por los menos en los cinco años siguientes.

El segundo equívoco: creer que esta estrategia supone abandonar la función inversora y planificadora del Estado. Aún en una economía altamente, o aparentemente, privatizada como la de EE.UU., se sabe que con el crecimiento de las innovaciones (espaciales, informáticas, médicas, militares) la actividad del Estado se volvió más importante. En la Unión Europea esto es evidente y lo mismo podemos decir de Japón, Rusia y muchos otros países con regímenes diversos. Pese a los discursos neo-liberales y anti-liberales, no es cierto que la economía del conocimiento relega la función del Estado. Todo lo contrario. Las nuevas complejidades (como la del sistema informático mundial, la “economía circular”, el cambio de la matriz energética o la industria farmacéutica requieren nuevas regulaciones y reformas para lograr las efectividades esperadas.

En el caso argentino hay que declarar ante todo que la ley de promoción de la economía del conocimiento es insuficiente. No contempla realmente al conjunto de actores que producen, transfieren y exportan conocimiento. Habla de las empresas, pero no de los investigadores, los profesores, los técnicos, los centros de investigación, las universidades. En la estructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología existen mecanismos de consulta, cooperación, financiamiento, ejecución de proyectos, etc. Haría falta una concertación específica para definir los mejores modos de colocar el potencial científico-técnico de la Argentina al servicio de un nuevo modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento.

No basta con impulsar la I-D o la creación de incubadoras de empresas. Se han creado 20 incubadoras de empresas con participación de universidades. Si no existen objetivos explícitos para aplicar todos los recursos científico-técnicos para mejorar el Estado, las empresas y las organizaciones sociales en función de un proyecto de desarrollo inteligente y solidario las iniciativas pueden quedar disociadas, sectorizadas, como ya ha ocurrido hasta ahora. Pensar de manera conjunta parece utópico en Argentina pero es lo que se está tratando de hacer en una escala mucho más complejo en la Unión Europea. Nosotros deberíamos intentarlo a nivel de Sudamérica. Por ejemplo: decidiendo crear a escala sudamericana una Red Ferroviaria moderna; decidiendo crear una industria informática regional, decidiendo articular los sistemas de salud a nivel regional, decidiendo crear una flota mercante de escala transnacional.

Esto puede parecer utópico. Pero ya existen intentos. En el programa Zicosur, que involucra gobiernos locales, universidades y empresas de cinco países sudamericanos se planea crear un espacio de desarrollo regional en el Centro Sud de América del Sur con un corredor ferroviario bi-oceánico. La empresa mixta INVAP (Bariloche) trabaja con técnicos e investigadores de distintas áreas para desarrollar una red de satélites de observación y comunicación espacial. La Universidad Nacional de Jujuy, junto con YPF y el CONICET, está trabajando en la industrialización del litio y en la conversión de ómnibus urbanos al formato eléctrico. La empresa UBATEC creada por la Universidad de Buenos Aires administra todo tipo proyectos de transferencia tecnológica, consultorías o exportación de software. Existen experiencias semejantes en las universidades nacionales de La Plata, Córdoba, San Juan, Tucumán, del Sur, del Litoral y otras.

El “efecto demostración” ya lo tenemos: el sistema científico y universitario argentino es capaz de abordar emprendimientos de todo orden: diseño de satélites, debiotecnologías, de tecnología nuclear, de software avanzado, de nuevos medicamentos, de tecnologías electro-mecánicas, etc. También son capaces de intervenir en programas de salud, de vivienda, de atención primaria de la salud. Lo que se registra a nivel de facturación (unos 200 millones de dólares anuales por recursos propios) es una parte de los efectos y resultados que producen las universidades. Si contamos el conjunto del sistema universitario, científico y técnico el impacto podría ser mayor si hubiera una gestión estratégica coherente.

Denominamos “gestión estratégica” a la administración inteligente de los recursos humanos, científicos y técnicos para producir efectos en el crecimiento económico, en el bienestar de la población y en el mejoramiento del funcionamiento de la sociedad. Esto implica a capacidad de articular o coordinar los esfuerzos de actores sociales diversos en el sector público y en el sector privado. Algo que en sí mismo constituye un tema en el cual deberíamos invertir mayores esfuerzos ya que la atomización institucional y social conspira contra la eficacia social de la producción de conocimientos.

Existe también una economía “invisible” que tiene que ver con los ingresos que produce la exportación de conocimientos de médicos, psicólogos, pedagogos, economistas, sociólogos y muchos otros profesionales que brindan asistencia técnica, o terapéutica, o dictan cursos o dirigen proyectos o exportan software o dirigen investigaciones científicas en el exterior. Actualmente, estos científicos y profesionales atraviesan dificultades para cobrar en divisas extranjeras por sus trabajos en el exterior. A veces la “conversión” al sistema buorocrático-financiero implica una pérdida del 50% del valor original de las remuneraciones. En Australia, este tipo de actividades más la atracción de miles de estudiantes asiáticos, representa una parte importante del PBI. En Argentina no estamos ganando con la exportación de conocimientos sino que estamos perdiendo con la emigración de miles de talentos que buscan reconocimiento en el extranjero.

Estos hechos son los que justifican la tesis de que en Argentina prevalece la “negación del conocimiento”, tal como lo describen las famosas estrofas del tango “Cambalache”. La contradicción se agrava teniendo en cuenta que el país ya tiene en su Población Económicamente Activa más de un cuarto con estudios superiores y una matrícula universitaria que llegará a más de 4 millones hacia 2030. Esto significa que si no adoptamos un modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento no tenemos perspectivas laborales para las nuevas generaciones.

4. Economía del conocimiento y el financiamiento universitario

Para las universidades la motivación para valorizar la producción y aplicación de conocimientos es doble: por un lado, porque asegura la participación de los universitarios en los avances científicos y tecnológicos, por otro lado, porque permite conseguir recursos a fin de compensar la crisis de financiamiento que habrá que soportar por lo menos durante una década. Este razonamiento también se está presentando en algunas universidades privadas donde se está pasando de una gestión comercial fundada en el cobro de aranceles para ofrecer cursos (el “enseñadero”) a una gestión del conocimiento para valorizar los productos de la actividad científica, técnica y estética.

Durante el Congreso Mundial de Filosofía de Boston en 1980 me tocó almorzar con el Rector de la Universidad junto a otros colegas. Entonces le pregunté ingenuamente: ¿cómo hacen para financiar este congreso que tiene cerca de 3000 participantes utilizando los salones de una cadena hotelera internacional? Me contestó: es verdad que las Humanidades no suelen reportar ganancias pero este congreso moviliza agencias de turismo, hoteles, transportes y comercios con los cuales negociamos el sponsor o patronazgo. La organización de congresos genera recursos, así como los contratos por investigaciones científicas. Además, si fuera necesario podemos recurrir a fondos de reservas que obtenemos entre otras cosas con las actividades de nuestro equipo de beisbol y de otros deportes. Por eso podemos, también, mantener un fondo de becas para permitir el acceso a la universidad de sectores desfavorecidos.

Esta pequeña anécdota expresa una cultura que hace tiempo fue asumida por las comunidades universitarias de Estados Unidos: el conocimiento debe servir para el progreso personal, para resolver problemas de la sociedad y para tener beneficios. Es el mismo paradigma adoptado por China Comunista a partir de 1978. El éxito de esta perspectiva depende de la coherencia institucional, de la articulación con el Estado, las empresas y la sociedad y de una gestión inteligente del capital intelectual.

El futuro, y el presente, de América Latina y de Argentina depende del aprovechamiento de las capacidades educativas, científicas y técnicas. La región tiene los recursos humanos y naturales suficientes para adoptar una estrategia de desarrollo inteligente. La incógnita es saber si encontraremos la cultura política adecuada para formar una nueva inteligencia colectiva. Nos alienta saber que a pesar de nuestros fracasos hay investigadores, profesores y líderes institucionales que buscan nuevos caminos convergentes con el desarrollo a través del conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- MARI, M. (2018) Ciencia, tecnología y desarrollo. Políticas y visiones del futuro en América Latina (1950-2050) Buenos Aires: Teseo

- PEREZ LINDO, A. (2018) El uso social del conocimiento y la universidad. Buenos Aires: Teseo

- RED DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (RICYT) El estado de la ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología Iberoamericano. Madrid: OEI.

- SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. https://www.argentina.gob.ar/noticias/sintesis-universitaria-2019-2020-con-nuevas-estadisticas-sobre-modalidad-distancia

- VILASECA I REQUENA, J. (2005) Principios de economía del conocimiento. Barcelona: Pirámide