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Articulación universidad-escuela secundaria como política
pública:
Mg. Raúl Javier Araujo
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes Buenos Aires, Argentina Resumen La comunicación que se presentará desarrolla los resultados de un estudio realizado con el propósito de sistematizar y analizar críticamente los proyectos de articulación entre los niveles de enseñanza secundaria y la educación superior en el marco de las propuestas implementadas por Secretaría de Políticas Universitarias en el período 2003-2007. En términos generales los proyectos implementados se justifican en un conjunto de diagnósticos que colocan el bajo desempeño de los ingresantes a las carreras universitarias como un problema que niega la democratización del nivel. Al mismo tiempo se consideró que dado los importantes cambios producidos en las sociedades como producto de la relevancia que cobra el conocimiento para el desarrollo de las sociedades, resultaba necesario implementar una serie de acciones que promovieran la inserción plena de los ingresantes a las universidades con el propósito de incrementar el número de egresados en los distintos campos de titulaciones. El trabajo se estructura con base en tres ejes: los contextos de emergencia de los problemas que colocaron a la articulación entre las escuelas del nivel secundario y las instituciones universitarias como un tema de la agenda de política pública; la descripción y análisis de los programas implementados por la Secretaría de Políticas Universitarias en el período; y análisis de las recepciones en las universidades producidas por la incorporación de los proyectos de articulación. Por último, se realizará un balance respecto de los proyectos implementados con el propósito de diseñar un esquema conceptual que oriente la formulación de la articulación internivel como política pública.
Articulation secondary university-school as public
politics: Abstract The communication that will be presented develops the results of a study carried out with the purpose of systematizing and critically analyzing the articulation projects between the secondary education levels and the superior education in the frame of the proposals implemented by Secretary of University Politicians in the period 2003-2007. In general terms the implemented projects are justified in a group of diagnoses that put the poor performance of students enrolled at university careers as a problem that denies the democratization of the level. At the same time it was considered that given the important changes taken place in societies as product of the relevance that it charges the knowledge for the development of the societies, it was necessary to implement a series of actions that promoted the full insertion from the new admissions to the universities with the purpose of increasing the number of graduates in the different fields of knowledge. The work is structured with base in three axes: the contexts of emergency of the problems that placed articulation between the schools of the secondary level and the university institutions as public policy's topic; the description and analysis of the programs implemented by the Secretary of University Politicians in the period; and analysis of the receptions in the universities taken place by the incorporation of the articulation projects.Lastly, we will carry out a balance regarding the projects implemented with the purpose of designing a conceptual outline that guides the formulation of the articulation among levels as public politics.
El problema del acceso a la educación superior En los últimos treinta años el crecimiento de la población en edad de cursar estudios superiores, la expansión de la educación en niveles precedentes y el incremento de la demanda social por mayores acreditaciones educativas han sido factores que combinados pueden explicar el importante aumento en el número de estudiantes universitarios durante ese período. La población estudiantil del sector alcanzaba a 275.000 alumnos en el año 1975, mientras que en el año 2006 superaba la cifra de 1.500.000 (PMSIU 2006). El incremento en la matricula en estos niveles ha traído aparejado un conjunto de situaciones nuevas para las Universidades. En principio la heterogeinedad de los nuevos alumnos en relación a edad, sexo, posición socioeconómica, trayectos educativos, expectativas y capital cultural, ha llevado a las universidades a la reformulación de las estrategias pedagógicas, de las políticas institucionales y sus marcos reguladores, de los modelos curriculares y de sus ofertas académicas. Por otro lado y con un nivel de importancia similar, se tiene que al incremento en el número de alumnos no le ha seguido un crecimiento proporcional en el financiamiento de las Universidades para dar cuenta de la nueva situación. La participación porcentual del presupuesto universitario en el PBI de 1998 era de 0.58% para llegar en el año 2006 al 0,6% (1), que significa un incremento muy leve en valores relativos. Sin embargo el número de alumnos en el mismo período creció en un 48% (2). Es en este marco de restricción presupuestaria y masificación y heterogeneidad de la matrícula es que los estudios sobre los sistemas de admisión a la educación superior cobran mayor importancia (Neave 2001). En nuestro país en la década del noventa y a partir de las reformas del sistema de educación que emprende el estado, se consolida una perspectiva de investigación orientada a la toma de decisiones y a la producción de información sistemática sobre la educación superior (Krotsch 2001). Se trataba en definitiva de diseñar indicadores de rendimiento que cumplieran con un doble propósito: obtener resultados válidos en los diagnósticos de las universidades y sobre esta base propiciar acciones que mejoren la eficiencia interna al mismo tiempo que los indicadores se constituían en criterios objetivos para evaluar la mejora en los resultados Específicamente el problema de acceso a la universidad se construyó en la agenda de los noventa en función a un conjunto de indicadores de rendimiento. Las bajas tasas de graduación (3), la extensión en el tiempo que necesitan los alumnos para graduarse en relación a la duración teórica de la carrera (4) y los altos índices de abandono de los estudios en el primer año de las carreras (5) registrados en las universidades aparecían, desde esta perspectiva, como claras evidencias sobre el modo en que las universidades gestionaban sus recursos en vistas a producir los resultados que de ella se esperan, principalmente en su función de formación de nuevos recursos académicos y profesionales. Así, y a la luz de estos resultados, en el período comprendido entre 1995 y 1998, la Secretaría de Políticas Universitarias recomienda a las universidades adoptar un conjunto de innovaciones en las formas de “gestión de la producción” (Garcia de Fanelli, 2004): insumos, procesos, productos. Principalmente se recomendó, adoptar el modelo de las técnicas desarrolladas en el campo de la administración denominadas “nuevo gerencialismo” para la gestión de las universidades (García de fanelli, 1998), modificar los sistemas de admisión a la universidad eliminando el ingreso directo (SPU 1992), desarrollar un régimen salarial propio que premie la productividad docente y adoptar estrategias de diversificación institucional para mejorar su competitividad (García de Fanelli, A; Trombetta, A; 1996). Las innovaciones gerenciales mejorarían los procesos internos, en tanto que las políticas de admisión selectivas de estudiantes y de salario diferenciado operan a nivel de mejorar la calidad de los “insumos”. Por último la diversificación institucional permitiría a las universidades colocarse en mejores condiciones de captar recursos competitivos provistos por el estado o en disposición del mercado. Se consideraba que la mejora en la calidad de los principales insumos, estudiantes y docentes, el incremento en los recursos financieros procurados por las propias universidades y la eficiente gestión de los procesos bajo una lógica de costo beneficio, arrojaría una sustantiva mejora en los resultados. Por este motivo resultaba justificada la necesidad de una indagación sobre el rendimiento de los alumnos que considerase múltiples factores y que al mismo tiempo, busque identificar y abstraer rasgos comunes y explicaciones más generales. La política de acceso a la educación superior se encuentra justificada en este período por el discurso de la transformación del sistema de educación superior (Ferre, 2007: 10). Dicha transformación resultaría necesaria para mejorar la competitividad de la economía nacional como condición necesaria para una exitosa inserción en un mundo globalizado. Esta perspectiva de abordaje de la política de acceso a la universidad por parte del Ministerio de Educación cambiará a partir de 1998 (Araujo, 2005). En el número 17 del año 1999 de la revista “La Universidad” el Secretario de Políticas Universitarias Aníbal Jozami sostenía que”...la nueva reforma universitaria debe resolver la tensión entre masividad y calidad. El desafío es una verdadera democratización. El desafío de la defensa de la educación pública es educar a muchos y educarlos bien”. En el mismo sentido en el año 2000 la entonces denominada Secretaría de Educación Superior produce el documento “Hacia un sistema integrado de educación superior en la Argentina: democratización con calidad” en el que se define que los propósitos de la integración incluyen “profundizar la democratización del sistema de educación superior...en cuanto igualdad de oportunidades y de posibilidades de acceso, permanencia, egreso y reingreso en la educación superior” (SES, 2000). Ferre (obra citada: 12) sostiene que tal política se asocia a un discurso de una “política de Estado para la integración del sistema”. La novedad estriba en que se hace alusión por primera vez a que el debate sobre el acceso a la educación superior contiene más que los problemas derivados del ingreso a las universidades. Será objetivo de política promover el acceso a través de las instituciones de educación superior no universitarias al mismo tiempo que se promueve la articulación entre las instituciones del nivel superior para facilitar la transferencia de alumnos entre ambos. De este modo, con la consolidación de un sistema de educación superior integrado, se podría avanzar en dos sentidos, reorientar la matrícula hacia las instituciones de educación superior no universitarias produciría como impacto reducir el número de aspirantes a carreras universitarias y segundo promover alternativas curriculares a la educación universitaria aprovechando el mayor número de instituciones de educación superior no universitarias y su distribución geográfica. En el año 2003 (6), la Secretaría de Políticas Universitarias, recogiendo un conjunto de recomendaciones propuestas por la denominada Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación Superior (CONEDUS) (7), dará tratamiento al tema del acceso a la educación superior a través de dos acciones: la articulación de acciones con las escuelas de nivel secundario con el propósito de mejorar el desempeño de los alumnos que ingresarían a las universidades y la articulación entre ambas instituciones del nivel principalmente con la implementación de Ciclos de Formación Básica para carreras de un campo disciplinar-profesional afín. La suerte corrida por ambas iniciativas será radicalmente distinta, mientras que la primera recibió una buena acogida por parte de los actores universitarios, la segunda solo recogió dudas y rechazos (8). La articulación entre las universidades y las escuelas del nivel secundario implica que se desarrollen principalmente dos tipos de propuestas, unas destinadas a los docentes de ambos niveles, a los alumnos de los últimos años de la enseñanza secundaria y a los primeros años de la formación universitaria y otras destinadas a fortalecer o diseñar estrategias pedagógicas e institucionales para la mejora del desempeño académico de los estudiantes que ingresan a carreras universitarias. De hecho se verifica una continuidad de la política asociada a un discurso de una “política de Estado para la integración del sistema”, o lo que es lo mismo que el sistema de educación nacional funcione como tal tanto en relación entre los distintos niveles como entre los subniveles de la educación superior. El entonces Secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, definirá la integración del sistema como uno de los principios rectores que hacen a una política de Estado (Pugliese, 2003:13). La gestión de Pugliese tendrá continuidad hasta diciembre del año 2005 y será sucedido por el Licenciado Daniel Malcom. El hecho se remarca porque en el breve período en el que Malcom se desempeña como Secretario de Políticas Universitarias se observa un giro en las perspectivas de políticas que se orientan al acceso a la educación superior efectivizado en la discontinuidad de los programas implementados en la anterior gestión. Esta situación, obviamente solo afectará a los programas iniciados por la SPU, el Programa “Articulación Universidad Escuela Media” se dará por culminado, mientras que el “Programa de apoyo al último año del Polimodal”, conocido por su acrónimo PAUAP, implementado desde la Secretaría de Educación, continúa vigente hasta hoy. Articulación internivel y acceso a la educación superior en el período 2003-2007 Si hasta el año 2001 las políticas de acceso a la educación superior se pueden reconocer por constituirse sobre la tensión entre selectividad y acceso directo, con la inclusión de la articulación entre la universidad y la escuela secundaria como tema de política por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias desde el año 2002, se asume implícitamente que el proceso de selección social sobre la población en condiciones de ingresar a la educación superior se produce por las condiciones de desarrollo del nivel secundario, al cual se lo describirá como deficitario en relación a la formación para los estudios superiores. Por otro lado también de forma implícita se asume que las universidades producen en su interior formas de selectividad social independientemente de los dispositivos de ingreso. Las políticas de articulación reconocen problemas “en las dos orillas”, aunque como se verá mas adelante no siempre esta definición es sostenida por los actores universitarios que efectivamente desarrollan acciones en el marco de los programas impulsados por la SPU. En los hechos la política desarrollada desde el Ministerio de Educación dará por cerrado el debate sobre las modalidades de ingreso a las carreras universitarias aceptando que es un tema que se resuelve en el marco de la autonomía de las universidades como se enuncia en el artículo 36 de la Ley 24.521 (LES) (9): “Para ingresar como alumno a las instituciones universitarias, sean estatales o privadas, deberá reunirse como mínimo la condición prevista en el artículo 7 y cumplir con los demás requisitos del sistema de admisión que cada institución establezca” (cursivas nuestras). Sin embargo, no se trata de un abandono absoluto del tema. Más bien la perspectiva de política para el acceso a la universidad se coloca las acciones necesarias para paliar o suprimir los efectos que la crisis socioeconómica en general y la del nivel medio en particular produce sobre la población de jóvenes que se matriculan en estudios superiores. El contexto de crisis socioeconómica, producto del estrepitoso fracaso de las políticas neoliberales implementadas durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rua, signará las definiciones de la política universitaria general y en particular los problemas relacionados con el acceso a los estudios superiores. Se podrá cuestionar si las acciones que efectivamente fueron desarrolladas resultaron congruentes con los lineamientos de las políticas explicitadas, pero lo cierto es que durante el período 2003-2005 el diagnóstico sobre la situación de la educación superior reflejará la situación de crisis del país. Esta situación es novedosa en comparación con los documentos que sobre política universitaria se habían elaborado en la década anterior en el que las menciones a la situación nacional se realizan en relación con un supuesto desanclaje con las condiciones necesarias para la modernización que requiere la situación global, falencias estructurales de la que participarían también los restantes países del subcontinente (10). En este marco los Rectores de las Universidades Públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboran la llamada Declaración de Horco Molle en la que asumen el compromiso de afianzar “una universidad inclusiva que asuma un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente” (11) . En el documento las menciones a los efectos de la crisis socioeconómica son explícitas: “Los altos niveles de pobreza y de población socialmente excluida en la Argentina, así como la imperiosa necesidad de reconstruir la economía y los lazos sociales, constituyen una dimensión fundamental que debe incidir con particular énfasis en la definición de políticas educativas, científicas y tecnológicas para los próximos años. Al respecto, la universidad debe incrementar su contribución al cambio socioeconómico con justicia social e igualdad de oportunidades y promover un proyecto de desarrollo sustentable”. En el mismo documento, los rectores señalan un conjunto de objetivos de política, y proponen para su logro entre otras acciones, “mejorar las condiciones y estrategias institucionales para facilitar el tránsito del nivel medio a la universidad, los procesos de aprendizaje, la calidad de la formación, el progreso en los estudios y la graduación”. Se pretende, finalmente redefinir la misión social de las universidades colocando el énfasis en los aportes que el sistema en su conjunto realizan al proyecto iniciado con la Presidencia del Néstor Kirchner. Los programas de articulación En abril de 2003 la SPU asume el diseño de un programa de apoyo a la articulación entre las universidades y las escuelas medias cuyo objetivo principal consiste en “el fomento de acciones desde las universidades nacionales tendientes a elevar las expectativas de los estudiantes de las escuelas medias y asegurar su preparación para su inserción en el nivel superior, facilitando el acceso y permanencia de los estudiantes en los primeros años de la universidad, cualquiera sea el mecanismo de ingreso llevado a cabo por las universidades” (Marquina, 2003: 141). Asimismo declara que la prioridad estará colocada en el trabajo sobre los estudiantes provenientes de sectores en desventaja comparativa, social, cultural y económica. El programa repetirá la convocatoria en el año 2004 y se discontinuará a partir del cambio de gestión en la SPU producido a fines de 2005. En las dos convocatorias realizadas, la acogida del programa por parte de las universidades resultó satisfactoria tanto en relación con el número de proyectos presentados, de las universidades participantes, las escuelas secundarias involucradas y los resultados obtenidos. Según datos relevados en el informe que los responsables del programa realizaron para conocimiento del Ministro de Educación Ciencia y Tecnología, a la primer convocatoria se presentaron 30 proyectos de los cuales se aprobaron 18, estuvieron comprometidas 600 escuelas de nivel medio en 11 provincias. Desde una perspectiva cualitativa de análisis de los informes finales presentados por los coordinadores de los proyectos de las universidades participantes, el principal impacto que han tenido las convocatorias del Programa distingue tres ejes de mayor interés:
1.- Las relaciones con la SPU se visualizan en tres dimensiones: impulsora de políticas; proveedora de asistencia técnica y proveedora de financiamiento. Una preocupación general en torno a la función de la SPU se manifiesta en la necesidad de las universidades de contar con certezas acerca de la continuidad de las actividades emprendidas. Para las universidades instalar una política que implique planificación requiere de un esfuerzo político sostenido en el tiempo. Desde esta inquietud, se manifiesta la necesidad de contar con el apoyo técnico de la SPU y alguna certeza respecto del financiamiento. En relación al rol de la SPU como proveedora de asistencia técnica se ponía de manifiesto la ausencia de equipos técnicos para asumir “la nueva tarea”. El financiamiento es percibido como estímulo de la participación, como “recompensa al esfuerzo” y como herramienta de la gestión para producir un escenario sostenible. Por último, el rol de la SPU como impulsora de políticas, se reconoce que puede propiciar como un elemento para dinamizar reformas y fortalecer el lugar de los grupos más innovadores para instalar una política institucional de mediano o largo plazo en la universidad. 2.- Se observan acuerdos en que si no se comprometen las autoridades el programa fracasaría. La voluntad política de realizar innovaciones en relación con el compromiso de las autoridades, fueron argumentos muy utilizados. Una tensión interesante se observa en derredor de los conceptos de participación y consenso, ambos considerados necesarios para lograr consolidar el programa. En relación al primero, todos se muestran de acuerdo en que la participación debe ser un valor insoslayable y una preocupación central para fortalecer y dotar de legitimidad al programa. Sin embargo, se impone una visión más “realista” cuando se relatan las experiencias. Se sostiene que la participación depende y mucho del “tamaño de la institución”, de los tiempos previstos en el programa y de la relevancia política que los participantes poseen en la vida de la Universidad. Evidentemente para facilitar la participación se requiere de una buena estrategia comunicacional (temas, métodos de trabajo, tiempos) que promueva un horizonte de inteligibilidad, instalar el tema desde las experiencias realizadas como modo de objetivar y limitar el campo de debate y de la voluntad y capacidad de las autoridades para liderar el proceso y crear los espacios adecuados. Se dice sobre la necesidad de contar con equipos técnicos que coordinen las tareas y que se les invista de un carácter “permanente” de modo de garantizar coherencia y racionalidad operativa y constituir referentes internos y con las escuelas medias de la región. 3.- Hay acuerdo entre los participantes del programa en que las condiciones internas para el desarrollo del mismo “deben propiciarse”. Es bien interesante esta posición porque dota al programa de una perspectiva política y no como mero desarrollo técnico. Las principales condiciones mencionadas: participación, compromiso, voluntad política, espacios de trabajo común. Lamentablemente los “peores” temores no resultaron infundados, el programa se discontinuó. Consideraciones finales: notas para un esquema conceptual que oriente la formulación de la articulación internivel como política pública La conformación de una política de articulación internivel conlleva la compleja relación entre la función social de las universidades públicas y los sistemas de acceso. Complejidad que se manifiesta en la tensión entre las políticas públicas que desde las instancias gubernamentales promueven orientaciones a las funciones sustantivas de las universidades y la autonomía de las universidades. En este caso, la tensión se verifica cuando se conceptualiza “función social”, ya que se entiende que las razones de la propia existencia de las universidades se enmarcan en condiciones concretas en el desarrollo de las sociedades. Así, mientras que desde los gobiernos se solicita mayor presencia de las universidades en el análisis y resolución de los problemas de agenda pública, desde las universidades las respuestas a tal requerimiento tienden a preservar sus propias definiciones respecto de su intervención en tanto instituciones autónomas. Por tanto la autonomía resulta, al interior de las universidades, un valor que orienta las prácticas de los universitarios por ejemplo cuando a través de sus órganos de gobierno deciden, o no, atender los requerimientos de actores externos o bien de establecer prioridades y estipular su propia agenda. Particularmente se observa que en las políticas de acceso a los estudios universitarios esta tensión posee rasgos singulares. En los últimos seis años se verifica por parte de los distintos gobiernos una preocupación por el desempeño académico de los estudiantes que ingresan a las universidades manifiesta en un conjunto de programas y proyectos orientados a dar respuesta principalmente a las altas tasas de abandono de los estudios universitarios en el primer año de las carreras independientemente de los campos disciplinares. Si bien tales intervenciones han tenido en general una buena recepción por parte de las universidades, es observable que no se ha podido implementar una política de alcance nacional, así como tampoco objetivos más modestos como la explicitación, por parte de las universidades, de los saberes que se requerirían para el acceso a las distintas carreras. En la actualidad “la articulación” se ha consolidado como un campo de conocimiento que ha permitido en los últimos años contar con información cuanti y cualitativa sobre el fenómeno del tránsito de los jóvenes entre la escuela secundaria y el nivel superior. El conocimiento que actualmente poseemos sobre el tema se funda principalmente en las reflexiones, más o menos sistemáticas, sobre las distintas experiencias que las universidades han desarrollado, por sí o como producto de adhesión a convocatorias realizadas por el Ministerio de Educación, principalmente con el objetivo de aportar soluciones a los problemas de abandono o ralentización de los estudios superiores. Estos proyectos han estado orientados a dar cuenta de los problemas en distintos niveles que podríamos caracterizar como “internos” y “externos” con relación a las propias instituciones. Pero aún así parece resultar insuficiente, la articulación internivel necesita de otro tipo de intervención política que aborde de forma integral las distintas dimensiones que componen el proceso de articulación, dando cuenta de las especificidades de cada nivel y de las que operan como consecuencia de las distinciones en los modelos institucionales de las universidades y de los institutos de formación superior. La articulación internivel se ha tematizado precisamente sobre el diagnóstico de ruptura, discontinuidad. Las políticas de articulación operan sobre la ilusión de que a cada nivel le corresponde una tarea específica que solo tiene sentido en sí, con arreglo a las funciones que para cada uno de ellos se representan sus actores responsables. Tal como entendemos, la articulación es un elemento de la política educativa que encuentra su especificidad en la responsabilidad compartida de actores de dos niveles educativos y aunque suene paradójico en la imprecisión respecto de sus bordes. El trabajo conjunto entre las autoridades y expertos de ambos niveles restituye el concepto de sistema educativo al mismo tiempo que define a los actores responsables de su tramitación y el campo de actuación de los mismos. Si bien el Ministerio de Educación se encuentra en pleno proceso de discusión para “poner en valor el sentido y la función de la escuela secundaria” (12) entendemos que la tarea que requiere la articulación internivel no se agota en la transformaciones que propendan a la mejora de la calidad del servicio educativo en la enseñanza secundaria ya que, por definición de su misión, no necesariamente desaparecerán las distancias que definen al fenómeno que denominamos articulación. En otras palabras, la escuela secundaria tiene como misión la formación para la inserción en el mundo de la cultura, del trabajo y la ciudadanía además de constituirse como nivel que forma para continuar estudios en la educación superior. Por otro lado, y también definido por la misión de la universidad y por su estatuto autonómico, es de esperar que las instituciones universitarias desarrollen una dinámica en su funcionamiento y redefinición de sus “maneras de ser” que no permitirían definir de una vez y para siempre los alcances de una articulación entre los niveles. Así, la articulación internivel se constituye como un espacio sui generis que requeriría de políticas educativas específicas definidas por los actores de ambos niveles con la participación del Estado Nacional y los Estados Provinciales. En esta perspectiva las acciones de articulación internivel destinadas a la mejora en las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes en las universidades deberían acordarse de forma institucional en el marco de los ámbitos del Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo Federal de Cultura y Educación. Bibliografía Araujo, Javier (2005). “Las políticas de ingreso en el cruce de las culturas disciplinares y la organización académica. Un estudio en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro” en Biber Graciela (compiladora) “Preocupaciones y desafíos frente al ingreso a la universidad pública”, Universidad Nacional de Córdoba. García de Fanelli, A (2004). “Indicadores y estrategias en relación con la graduación y el abandono universitario” en AAVV La agenda universitaria. Propuestas de Políticas Públicas para la Argentina. Universidad de Palermo, Buenos Aires. Ferre, Norberto (compilador) 2007. Articulación Universidad-Escuela Media. 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Documentos
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Gestión
Universitaria http://www.gestuniv.com.ar |
Vol.:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Recibido el: 07-10-2009 ; Aprobado el: 04-11-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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URL http://www.gestuniv.com.ar/gu_0201/v2n1a2.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||